Hoy, día 16 de diciembre de 2014, como había sido ya anunciado, Google ha cerrado en España su servicio Google News, convirtiendo a nuestro país en el primero en el que se ve obligada a tomar una decisión semejante. Los efectos sobre las estadísticas de accesos a todas las publicaciones españolas incluidas en el servicio y para para su nivel de influencia en todo el mundo se empezarán a sentir de manera inmediata. Una decisión que Google no podía siquiera plantearse: ante los desesperados lamentos del gobierno español y de AEDE porque según ellos “Google no había agotado las vías de negociación” solo cabe decir que las vías de negociación terminan en cuanto se pone una ley sancionada por Congreso y Senado encima de la mesa, y que una ley ya aprobada nunca, jamás y bajo ningún concepto puede ser una herramienta de negociación – salvo en un país que se considere a sí mismo abiertamente bananero.
Google no podía negociar. Negoció en otros países porque nunca se pretendió obligarla a aceptar un pago por enlace. En ese detalle, que obviamente no pudieron imaginar tan importante los incompetentes dinosaurios del gobierno y de AEDE, es donde está el verdadero problema: pedir a Google que pague puede hacerse de muchas maneras. En Francia, tras intervenir en la negociación nada menos que el mismísimo Presidente de la República, se consiguió que Google constituyese un fondo para la modernización de los periódicos, con el que intentar financiar su transición mediante acciones de diversos tipos. ¿Habría funcionado una aproximación de ese tipo en España? Difícil saberlo: mi impresión es que no, porque Google habría evitado genera un precedente que le habría llevado a encontrarse a la prensa de todo el resto de países en los que opera puesta en fila y reclamando un trato similar, pero al menos no habría demostrado la ignorancia e irresponsabilidad que la postura de AEDE y del gobierno de España ha puesto sobre la mesa.
La imagen de España a nivel internacional en este momento, tras episodios como el absurdo “derecho al olvido”, el canon AEDE o el exit tax a emprendedores, es la de un país incapaz de entender la red, en guerra con el progreso, y en el que sus directivos y gobernantes provienen, sencillamente, de otro siglo. Auténticos inadaptados digitales. Incompetentes a la hora de desarrollar su labor de gestión de un medio o de gobierno en el entorno en el que les ha tocado vivir.
La elección de palabras en mi titular, codicia e incompetencia, no proviene en absoluto de un calentamiento de boca. Es realmente lo que, desde mi posición de observador privilegiado de todo el proceso con contacto habitual con todas las partes, he podido ver que ocurría. En su momento, hace ya unos años, fui testigo de los primeros intentos de esa especie de obsesión que surgió en AEDE por “hacer pagar a Google”: pude ver como un bufete de abogados ejercía una mediación para lograr una reunión a la que representantes de AEDE acudían con una factura proforma bajo el brazo – a la que Google, lógicamente, reaccionó de la única manera en que podía reaccionar: ignorándola. Tras eso, fui llamado a participar en un evento de AEDE en Burgos con la instrucción explícita de “provocar”, que se convirtió en la peor experiencia que he tenido en un auditorio en más de veinticinco años como conferenciante. Además, he podido acompañar las reflexiones de varios directivos de empresas como Google, Menéame y algunas otras con respecto al desarrollo de los acontecimientos. No, mis conclusiones distan mucho de ser un “calentón”.
¿Qué ha ocurrido? Por la parte de la codicia y de la falta de principios, se han juntado dos cuestiones: el interés del gobierno por controlar los medios, y el de los medios por obtener ingresos de Google. La codicia fue lo que llevó a los medios de una asociación que solo es representativa de un grupo de cabeceras ancladas en el pasado a condicionar su línea editorial a los deseos del gobierno: no lo digo yo, simplemente basta con comprobar el tono de los titulares informativos en determinadas cabeceras antes y después del cambio de sus directores. Sencillamente, el gobierno prometió acorralar a Google, y a cambio, obtuvo la cabeza de tres directores y un tratamiento sensiblemente más inofensivo. Tan sencillo como eso, como la definición de la falta de principios en Periodismo: vender la independencia a cambio de un plato de lentejas. Esto, que fuera de España resulta tan difícil de creer por lo escandaloso que suena, es la gran verdad que subyace detrás de todo este asunto: el gobierno ha intentado . Y por supuesto, cualquier intento de culpar al ministro de Cultura, Jose Ignacio Wert, es absurdo: Wert, en esto, solo ha sido “el tonto útil”. La verdadera artífice de tan diabólico pacto con los medios fue directa y expresamente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la segunda en la línea jerárquica del gobierno, etiquetada habitualmente como “todopoderosa”. No solo ha sido un error espantoso: ha sido, además, un error propiciado desde lo más alto del gobierno del país.
La estrategia, por tanto, fue la de obligar a Google a pagar “como fuese”. De ahí el empeño del gobierno por calcar la ley alemana, pero “tapando el agujero” que permitió que ese país, Google pudiese “escaparse sin pagar”. La idea de convertir el pago por enlace en algo “irrenunciable” tiene la absurda pretensión de evitar que Google negociase con los medios su presencia en Google News, precisamente lo que, tras anunciar Google el cierre de su herramienta, han pretendido que todavía era posible. No, estimados señores del gobierno y de AEDE: cuando se hace una ley que habla específicamente de una compensación “irrenunciable”, no se puede decir que “no se han agotado las vías de negociación”. La negociación, simplemente, ha terminado. Por ley. Las leyes es lo que tienen, y es triste que tenga que venir yo a contárselo a quienes las hacen. O, en este caso, las perpetran.
La ley, además de acorralar a Google, generaba numerosas víctimas colaterales: agregadores como Menéame, que enviaban todos los días mucho tráfico a los medios, vieron como les tildaban de “parásitos” precisamente los medios que incluían al lado de sus noticias el botón para enviarlas a Menéame. Medios sociales como Facebook o Twitter, a través de los cuales se comparten todos los días muchísimos enlaces a noticias, mantuvieron silencio por la promesa informal del gobierno de que no se les tocaría, de que entrarían en una consideración especial como redes sociales… En realidad, todo es confuso. Es el resultado de una ley “de laboratorio”, hecha sin ningún tipo de sentido de la responsabilidad, que estropea infinitas cosas para intentar arreglar una que, además, no necesitaba arreglo alguno. La crisis de la prensa no se arreglaba cobrando a Google, sino relevando de sus funciones a la gran mayoría de los dinosaurios incompetentes que la dirigen actualmente.
Al final, la triste historia de una ley perpetrada por incompetentes, escrita en función de intereses mal entendidos, prescindiendo de toda ética periodística y de todo sentido común, hurtándola al debate y a la supervisión europea, y rozando lo que en muchas democracias maduras entenderíamos como cohecho. Si pretendían acorralar a Google para que pagase, ese pájaro ya ha volado. Ahora lo que nos queda es una ley absurda, que ya nadie tienen ningún interés en reglamentar ni en poner en práctica (intentar cobrar a otros actores más pequeños que Google representará una perpetua fuente de problemas y de impopularidad para AEDE y para el gobierno), y que seguramente sea además tumbada por tribunales europeos en cuanto exista la oportunidad. De fondo, resuena la tan cierta frase de Albert Einstein: ““Nada destruye más el respeto por el Gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución”.
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